Corte de apelaciones ratifica ilegalidad de prohibición de asilo de Trump en la frontera

WASHINGTON (AP) — Una corte de apelaciones bloqueó el viernes la orden ejecutiva de Donald Trump que suspendía el acceso al asilo, un pilar clave del plan del presidente republicano para endurecer las medidas contra la migración en la frontera sur de Estados Unidos.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que las leyes de inmigración otorgan a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera, y que el presidente no puede eludirlo.

El panel concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a expulsar a los demandantes mediante “procedimientos creados por él mismo”, ni le permite suspender el derecho de los demandantes a solicitar asilo o recortar los procedimientos para resolver sus reclamaciones contra la tortura.

“La facultad, mediante proclamación, de suspender temporalmente la entrada a Estados Unidos de determinadas personas extranjeras no contiene una autoridad implícita para anular el proceso obligatorio de la INA para expulsar sumariamente a personas extranjeras”, escribió la jueza J. Michelle Childs, nominada para el cargo por el presidente demócrata Joe Biden.

La Casa Blanca no ha dado respuesta a una solicitud de comentarios.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), señaló en un comunicado que el fallo de la corte de apelaciones es “esencial para quienes huyen del peligro y a quienes se les ha negado incluso una audiencia para presentar solicitudes de asilo bajo la orden ejecutiva ilegal e inhumana del gobierno de Trump”.

El juez Justin Walker, nominado por Trump, redactó un disenso parcial. Afirmó que la ley otorga a los inmigrantes protecciones contra la expulsión a países donde serán perseguidos, pero que el gobierno puede emitir denegaciones amplias de solicitudes de asilo.

Walker, sin embargo, coincidió con la mayoría en que el presidente no puede deportar a migrantes a países donde serán perseguidos ni privarlos de los procedimientos obligatorios que los protegen contra su expulsión.

La jueza Cornelia Pillard, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, también escuchó el caso.